Así lo afirmó el socioeconomista, Gaspar García Huidobro, en medio de la polémica entre Anglo American y Codelco y las propuestas sobre reformas para financiar las demandas sociales.
La controversia que se desató por la fallida compra de Codelco a parte de la propiedad de Anglo American Sur volcó las miradas hacia la forma en que las empresas mineras transnacionales operan en el país. Pero los dardos ya habían apuntado en esa dirección en medio del debate sobre los posibles mecanismos de financiamiento para las demandas educacionales con propuestas que iban desde la aplicación de una reforma tributaria – como la última entregada por la FECH – hasta una renacionalización del cobre.
Más allá de las distintas posiciones que se tienen respecto de este tema, lo cierto es que en la última década, la industria minera ha sido por lejos el sector productivo de mayor rentabilidad en el país y dada la importancia estratégica que tiene el cobre en la actualidad, lo más probable es que en el futuro las cifras continúen siendo positivas.
De ahí que se esté abogando fuertemente por transparentar los alcances de las ganancias de las mineras privadas y cuánto de estas cuantiosas cifras están quedando en un país cuyo sustento es la explotación de un recurso no renovable. De acuerdo a un estudio elaborado por el Centro de Desarrollo Alternativo (Cenda), entre 2005 y 2009, las mineras privadas generaron utilidades antes de impuesto que alcanzaron los 20 mil millones de dólares anuales, es decir, un 20 por ciento de todo el Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Para ponerlo en perspectiva, si se construyera una casa de 3,5 millones de pesos para cada damnificado por el terremoto, se podría financiar 200 veces la reconstrucción del país. Sin embargo, de acuerdo a la misma investigación, estas firmas sólo han devengado tres mil 500 millones de dólares en impuestos.
La principal minera privada que opera en Chile es Escondida, cuya propiedad pertenece al holding australiano, BHP Billiton. Del 100 por ciento de la producción de cobre que se genera en el país, Escondida acapara un poco menos del 30 por ciento, ubicándose casi al nivel de Codelco. El 40 por ciento restante se reparte en otras 19 compañías privadas entre las que destacan las chilenas Los Pelambres del grupo Luksic y La Candelaria y Collahuasi, de propiedad de Xstrata (capitales Suizos), AngloAmerican (británica) y Mitsui (japonesa). (Ver listado de mineras que operan en Chile).
Precisamente en Australia existe una tasa de tributación 43 por ciento, que se pretende incrementar incluso al 56, 8. En Chile, en tanto, las empresas alcanzan una tasa efectiva cercana al 17 por ciento, lo que según el socioeconomista de la Universidad de Valparaíso, Gaspar García Huidobro sería menos de lo que los ciudadanos comunes y corrientes pagan al comprar enseres básicos.
“Las empresas tienen que pagar el 19 por ciento del IVA, más el 35 por ciento a la inversión extranjera. Estos serían tributos que se añadirían, pero en realidad se descuentan. Entonces el 19 ya está inscrito en el 35 y si se aplica la depreciación acelerada, en efecto, pagan como impuesto sobre ganancia el 18 por ciento. Eso es menos de lo que una persona paga cuando va a comprar el pan”, afirmó el experto.
Pero ¿Cuánto ha perdido Chile este concepto? Mientras en la última década Codelco ha tributado 41.160 millones de dólares, las 10 mayores mineras privadas, es decir, las que producen 5 mil toneladas de cobre efectivo, llegan casi a la mitad con 22 mil 807 millones.
Esto también se ve influenciado por lo que algunos economistas han denominado como el “falso royalty” que asciende al cinco por ciento y que por la reconstrucción se incrementó voluntariamente a un 8 por ciento. El truco, sin embargo, es que mientras el royalty en otros países es aplicado como un impuesto a la producción, es decir, a las ventas, en nuestro país se aplica a las ganancias, lo que disminuye considerablemente los montos que llegan a las arcas del Estado.
El lío de los Subproductos
Otro de los elementos que también entra en este juego son las ganancias que se obtienen por subproductos. Durante la extracción del cobre también se acarrean toneladas de tierra que contienen otro tipo de metales preciosos y minerales como oro y molibdeno. Históricamente Codelco ha reportado cuánto obtiene de la venta de estos subproductos y sus cifras superan en 14 veces las presentadas por La Escondida.
Una situación que llama la atención de García Huidobro, ya que Codelco posee yacimientos más antiguos, que perjudican la ley del mineral extraído.
“A pesar de que sus minas y su tecnología de extracción es más antigua, gana más por toneladas en subproductos. Ahí existen ciertos insumos que se pueden prestar para generar suspicacias porque es muy extraño que sea de esa forma”, afirmó.
De hecho, las únicas firmas que han transparentado en ocasiones sus ingresos por subproductos son BHP Billiton y Anglo American.
Reforma Tributaria
Por lo mismo, García Huidobro se mostró completamente abierto a la posibilidad de aplicar una modificación al régimen tributario para poder financiar las demandas sociales.
“La posibilidad de subir impuestos en Chile es absolutamente factible porque los niveles de rentabilidad de la gran minería son enormemente altos. Además a nivel comparativo con el resto de la región tenemos impuestos más bajos y principalmente porque Chile tiene el monopolio de la producción del cobre que rodea casi el 40 por ciento de lo que se genera en el mundo. Si uno compara con la época de la Opep cuando se produjo una crisis económica porque el conglomerado subió los precios del petróleo, la Opep tenía menos del 35 por ciento de la producción total de lo que tiene Chile de la producción del cobre”, precisó.
Un 40 por ciento que, en su mayoría, está en las manos de empresas privadas que han visto en nuestro país una panacea para obtener mayores ganancias. Tanto es así, que García Huidobro comentó que cuando a un ejecutivo que trabaja en una empresa con operaciones en Chile y Argentina le preguntaron cómo manejaban la mayor carga tributaria trasandina, éste contestó que es sólo un costo más. Un costo que no deberían pagar los 17 millones de chilenos.
Fuente: Radio Universidad de Chile