Semillas de Agua desde los estudios de la resistencia
Las fumigaciones en los predios agrícolas de Argentina están siendo denunciadas como la causa de un incremento en niños nacidos con malformaciones y el número de casos de cáncer en las poblaciones rurales vecinas. En los últimos 10 años, la frontera agrícola se ha extendido prácticamente hasta las puertas de entrada de las casas, y pueblos enteros están siendo expuestos a agroquímicos, insumos necesarios para la agricultura intensiva de cosechas que producen más, y están siendo usados sin el control del estado. Estas son las historias de familias que sobreviven como pueden, bajo los efectos de lo que ellos llaman “veneno”.
En la tarde del 29 de noviembre, a medianoche, Pedro Morales llegó al hospital local 4 de Junio en la ciudad de Saenz Peña, en el Chaco, una provincia en la parte más al norte de Argentina, con un documento crítico para su hijo. “Tiene mi nombre”, dijo dos veces, como para calmarse a sí mismo. Se quedó en una habitación cuyas paredes verdes brillaban a la luz de la iluminación fosforescente de la institución.
En una gran cama, su hijo Gonzalo respira con la ayuda de una máscara de oxígeno. Una puerta de madera lo separa del pasillo. Una gran caja de cartón, escondida de su vista, esconde un lavamanos lleno de basura y dos cucarachas muertas en el suelo. Una señal en la pared dice que el horario de visita de los niños son los domigos entre 10:30-11:30. Una placa de bronce conmemora la donación de las habitaciones del hospital a la Bunge & Borne Foundation. Cerca, varios otros pacientes son atendidos en los pasillos. En otro pasillo duerme un hombre en una silla al frente de cuidados intensivos. También hay dos perros echados junto a una familia, descansando en el suelo, preparándose para la tarde.
El diagnóstico más reciente de Gonzalo dice: “riesgo inminente de óbito”,un eufemismo médico muy incómodo. El niño de 2 meses y 27 días de edad podría morir en cualquier momento. Entre los términos vagos de su informe médico, destaca el término “encefalitis”. Las estadísticas muestran que es uno de los pocos por mil niños que nacen con esta condición, pero su padre no piensa lo mismo.
Gonzalo fue concebido en uno de los muchos pueblos de Argentina expuestos a los agroquímicos. Las estadísticas oficiales informan que los casos de malformaciones congénitas son más comunes en estas áreas, pero se pierden dentro de los promedios generales.
Pedro Mores vive en las afueras de los bloques que constituyen el asentamiento urbano de Gancedo en la frontera de las provincias del norte del Chaco y Santiago del Estero. “Las avionetas están constantemente rociando las cosechas, también los tractores conocidos como ‘mosquitos’. Circundan encima de las casas. En el pueblo hay más casos como el de Gonzalo, y es un pueblo pequeño de sólo 7.000 habitantes. El envenenamiento comenzó en la década de los 90s y sigue creciendo. No sé lo que están fumigando. Sólo sé que tenemos árboles frutales que se han secado completamente. La fruta ya no crece aquí.”
Un informe del Ministerio de Salud de Argentina de mayo del 2012, conducido en la provincia del Chaco, confirma las sospechas de Pedro Mores. En poblaciones expuestas a fumigaciones con agroquímicos, por aire o tierra, hay 30% más de casos de cáncer en comparación con familias entrevistadas en predios donde no hay fumigaciones, donde el cáncer típicamnete afectaría a alrededor del 5% de la población. Las tasas de malformaciones congénitas en áreas fumigadas también son más altas, y se han cuadruplicado en los últimos 10 años.
Las quejas en contra del uso de fumigaciones con agroquímicos, la cual es fundamental para el actual modelo agrícola empleado en estas áreas para generar más producción, tienden a perderse en debates en comparación con las grandes corporaciones agrícolas. Niegan los efectos tóxicos de la fumigación , la cual es usada para mantener las pestes al margen, aunque las semillas GM son, en general, resistentes a las pestes. Las corporaciones niegan la peligrosa toxicidad de sus pesticidas, mientras que al mismo tiempo piden “uso responsable” de lo que coloquialmente se le conoce como “veneno”.
En este tenso debate hay abundancia de argumentos y contra- argumentos de cada lado, una falta de control de parte del estado, así como también una falta de estudios serios para determinar si hay o no una relación directa entre la exposición a agroquímicos y problemas a la salud. Las visitas a áreas afectadas revelan las vidas de sufrimiento. Es una tierra herida y su gente ha sido olvidada.
Argentina es una de las potencias agrícolas del mundo. Luego de USA y Brasil, es el tercer productor de soya. Este año producirá 55 millones de toneladas. Para lograrlo, grupos ambientalistas locales estiman que 300 millones de litros de agroquímicos están siendo fumigados en los predios de soya. Esto afecta a 12 millones de personas de la población argentina de un total de 40 millones, quienes entran en contacto con este veneno en sus hogares, escuelas, suministros de agua, lugares de trabajo, plazas, a través de su vida cotidiana.
De acuerdo a los críticos, el origen de este problema fue la expansión de tierras agrícolas, la cual se ha acelerado en los últimos 10 años. Las consecuencias a la salud comenzaron a ser denunciadas públicamente alrededor del 2005 en provincias como Cordoba, Entre Rios, Chaco, Santa Fe, Misiones y Buenos Aires. La tierra de uso agrícola se expandió, rodeando los pueblos y escuelas apenas separados por rejas de alambre y estrechos caminos de tierra. Los casos de pacientes críticos del interior del país comenzaron a llegar al Hospital de Niños de Garraham en Buenos Aires. De acuerdo a los padres de niños afectados, los doctores dicen que este tipo de patología es recurrente en lugares donde se usan agroquímicos. Sin embargo, en sus informes formales estas opiniones no son establecidas y, por lo tanto, siempre hubo una ambigüedad desde el punto de vista oficial.
La oficina de Hugo Gómez Demaio está ubicada en el segundo piso del Hospital Provincial Quirúrgico de Niños en Posadas, la capital de la provincia de Misiones en el noreste de Argentina. Es una pequeña habitación que mira hacia un pequeño jardín. Demaio siempre da la bienvenida a sus visitantes con una bebida llamada mate, la infusión típica del área. Llegas a su oficina luego de pasar por una habitación donde los doctores dejan sus batas y guantes luego de las cirugías. Demaio está a cargo del hospital, y en los últimos 10 años, ha notado un aumento en el número de pacientes con malformaciones congénitas. Primero, empezó a marcar el origen de los casos de mielomeningocele, una malformación congénita en la cual la columna y el canal espinal no se cierran antes de nacer. La condición es un tipo de Spina Bifida. En la mayoría de los casos es irreversible.
“Vimos que la mayoría de los casos eran concebidos en áreas donde hay un uso masivo de químicos agrícolas. Ahí es donde decidimos estudiar el fenómeno. Lo que observamos fue que, incluso en poblaciones no expuestas, como en Posadas, hay al menos 15 agroquímicos circulando en la sangre de la población local, cuyos efectos combinados desconocemos.” Agrega, “Sé cómo actúa el glifosato, pero no sé cómo actúa en combinación con el herbicida 2.4D. Lo que sí sé es que este es uno de los componentes del Agente Naranja, usado por USA en Vietnam, y que hay más pacientes con malformacines congénitas en esta área.”
En Argentina, no hay ley nacional que regule los herbicidas. Hay un estándar general que protege al ambiente, y en la mayoría de las 24 provincias, hay leyes locales, las cuales tratan de legislar el uso de herbicidas e insecticidas. En 2009, en respuesta a las reiteradas quejas sobre los efectos a la salud, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, creó la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos. La comisión consiste de varias organizaciones de salud pública, y es encabezada por el Ministerio de Salud. Siguiendo una investigación, la comisión denunció un “uso inapropiado de productos fitosanitarios, en parte a raíz del incumplimiento de la legislación actual.” De acuerdo al gobierno, existe una falta de control y supervisión. Con ese fin se creó el Programa Federal de Fortalecimiento de Sistemas de Control Locales, cuya falta de resultados pueden verse en un tour por las áreas afectadas.
Avia Terai, en Chaco, es un ejemplo. A las siete de la mañana, tres hombres a la cabeza de carros tirados por caballos esperan en fila al frente de un pozo público. Sacan agua hasta las nueve, la que posteriormente venderán a las casas de su pueblo de 10.000 habitantes. Dos mujeres en bicicleta también esperan su turno para usar el pozo. Cada bicicleta tiene colgados dos barriles. Los barriles están marcados con el nombre “Roundup”, la marca de glifosato producido por una compañía llamada Monsanto. Los baldes no poseen indicaciones de no reusar, ni tampoco especificaciones de no reusar para acarrear agua potable.
Avia Terai está rodeado de predios de cosecha. La soya y girasol crecen hasta los mismos límites del pueblo. El otro límite del predio es una pista de aterrizaje en donde despegan las avionetas fumigadoras pese a la protesta de ciudadanos locales. El barrio se llama Padre Mujica y consiste de casas comunales construidas por la Fundación Madres de la Plaza de Mayo, con el apoyo del gobierno nacional. Ahí viven 108 familias, cada una con al menos un miembro con discapacidad. La mayoría de la población está en edad adulta.
Nadia Leguizamón, 12, no ha sido capaz de caminar por dos años. “Nunca me dijeron cuál era el diagnóstico, siempre tuvo problemas al caminar,” explica Viviana Pérez, mientras ayuda a su hija a sentarse en una silla de ruedas para ir de paseo. Ramón, padre de Nadia, aún trabaja en sus predios durante la semana mientras su esposa intenta tomar una hora con el traumatólogo. Su hija, explica, “está cada vez peor.” “Qué se puede hacer con la compañía fumigadora que está al lado nuestro?” se pregunta Ramón.
Katherina Pardo, 21, explica que cada vez que el avión pasaba sobre su cabeza cuando era una estudiante en la escuela local, a unas pocas cuadras de distancia de la casa de Nadia, los niños se desmayaban. “Lo tomábamos como algo normal, en ciertas épocas del año, en época de fumigaciones. La gente se empezaba a sentir enferma; había dolores de cabeza y desmayos. Siempre culpé al agua potable.”
Cuando ella y un compañero de curso hicieron un trabajo para la feria de ciencia cobre los temas de salud locales, se dieron cuenta que una ley local prohibía el tipo de fumigación de cosechas que se presentaba en su pueblo, y que era ilegal. Ahora pelea contra las fumigaciones. Parte de su activismo consiste en pedir una escuela especial para niños con necesidades especiales, “ya que cada vez hay más niños que no pueden ir a clases.”
Gabriela es una profesora a cargo de 13 niños especiales en una sala apartada en la escuela de Avai Terai. También declara que hay demasiados niños que nacen con malformaciones en el área, “Este pueblo es demasiado pequeño para tantos casos.” Tiene una lista de espera para que los estudiantes estudien en su clase.
De acuerdo a Ramón Carrillo de la Red Popular de Salud del Chaco, “La falta de control estatal en el cumplimiento de prácticas agroquímicas se extiende al punto de que luego que la población es afectada, no hay apoyo para ellos, para el tratamiento y mejora de su situación.”
De acuerdo a la misma organización, hay registros del uso de herbicidas tales como glifosato y 2.4D, uno de los componentes del Agente Naranja. La propagación por aire en el área está prohibida, así como también su uso por tierra entre marzo y agosto. “Sin embargo, la gente reconoce que se usa una mezcla de ambos” protesta la organización. Más aún, se está usando un commpuesto de endosulfán, un insecticida prohibido en más de 50 países; metamidofos, otro insecticida que ha sido recientemente prohibido en Brasil; clorpirifós, un insecticida prohibido para uso doméstico desde el 2008 por AMNAT en USA; y atrazina, un herbicida.
“No hay sistema de control estatal que garantice que se sepa lo que se está aplicando, así que esto genera más enfermedades,” explica la abogado de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez. Esta protesta se repite en varias provincias de Argentina de parte de grupos como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y Paren de Fumigar. “Hay doctores que nos advirtieron hace 20 años sobre que el abuso de estos químicos traerían graves consecuencias de salud para las generaciones futuras,” dice Gómez. “Desafortunadamente, estamos viajando por el país y confirmando estas advertencias.”
Las fumigaciones descontroladas han provocado la protesta de poblaciones locales via otros canales. En La Leonesa y Las Palmas, a 70 kilómetros de la capital de la provincia del Chaco, los habitantes llegaron hasta la corte en un intento por frenar las fumigaciones que envolvían sus hogares, provenientes de los predios de arroz cercanos. El juez accedió a sus demandas. Este agosto, el Departamento de Justicia de la provincia de Cordoba condenó, por primera vez, a un agricultor y a un fumigador por haber rociado veneno sobre el barrio de Ituzaingó. El fallo está siendo apelado, y el Departamento de Justicia no ha determinado si existe una relación entre el uso de agroquímicos y el incremento de enfermedades. Este caso podría cambiar la historia ambiental en Latinoamérica con respecto a las fumigaciones.
Pero en los pueblos de Cordoba, el daño ya está hecho. La contaminación agroquímica ha sido detectada en 114 de 142 niños examinados en un estudio oficial. En este caso, se identificaron dos agroquímicos, los que también son usados en Chaco y el resto del país: endosulfán y glifosato. El endosulfán es el insecticida más usado en Argentina. En promedio, 5,5 millones de litros por año son usados en la producción de algodón, maíz y soya, entre otras cosechas. Este insecticida ya ha sido prohibido en 74 países, y en junio del 2011 fue incluido en la Convención de Estocolmo de Contaminantes Orgánicos Persistentes.
El glifosato es vendido bajo una docena de marcas comerciales. Los productores de soya reconocen que usan al menos diez litros de glifosato por acre. En la temporada 2011, la producción de soya abarcó 19 millones de acres. En sólo un año, los predios argentinos fueron rociados con 190 millones de litros de herbicida.
En San Jorge, en la provincia de Santa Fe, un juez también ordenó cesar las fumigaciones cerca de áreas pobladas.
En La Leonesa y Las Palmas, luego de 10 años de protestas, el gobierno local ordenó una encuesta en los hospitales. En 2010, por primera vez, estadísticas oficiales fueron creadas, que confirmaban las sospechas de la población local. Los casos de cáncer en niños se triplicaron, y las malformaciones congénitas incrementaron en un 400% sólo en una década. El informe habla de las “múltiples causas” de cáncer, pero indica que “Este incremento en casos de estudio coincide con la expansión de la frontera agrícola… poniendo en peligro la salud de la población, debido a prácticas agrícolas, incluidas las fumigaciones aéreas con herbicidas, cuyos agentes principales son glifosato y otras agrotoxinas.”
El estudio fue criticado por el centro epidemiológico del país; aun así, nunca presentaron una explicación o estudio alternativo. Tampoco llevaron a cabo lo sugerido por el comité enviado por el gobierno nacional. En marzo del 2009, el comité visitó las distintas regiones del país y recomendó llevar a cabo estudios epidemiológicos. Todas las recomendaciones parecen haber sido descartadas, mientras la llamada frontera agrícola sigue extendiéndose y expandiéndose.
En Santiago del Estero, en el centro de Argentina, el progreso de esta frontera puede ser visto. En Quimilí, al noreste de la provincia, el avión amarillo termina su tercera pasada por el campo de girasoles que rodea la pequeña casa rosada que porta un cartel que dice: Escuela 146 ‘La Pampa’. Un guardia con un perro alerta que alguien se acerca y el avión desaparece. Las 110 familias que viven en el área conocida como Lote 4 se cansaron de denunciar las fumigaciones que secaban sus árboles frutales y que hacían que los ojos de sus hijos ardieran después de cada pasada del avión. Hay 24 estudiantes en total, pero Chiqui – una de las mujeres de la comunidad nativa de Guaicurú – cree que pronto habrá menos estudiantes. “Nos rodean, y muchos de ellos se cansan y al final, se van,” dice. Algunos metros más allá, un tractor ‘mosquito’ pasa sobre un predio de soya. Luego, en una camioneta, aparece uno de los ‘nuevos dueños’ del predio. El hombre asegura que no sabe qué están fumigando, porque recién está llegando. Después de tantas quejas, el avión, explica Chiqui, vuela sobre los predios de noche. “Creen que porque no podemos verlos, no nos damos cuenta que están fumigando”, dice la mujer, quien recuerda que, donde hoy hay cosechas, antes había un bajo bosque que casi ha desaparecido.
En algunos de los 13.000 acres, hay paños de lo que era la típica escena del área. Cerca, a unos 18 kilómetros, un bulldozer amarillo pelea contra las secas y espinosas ramas del bosque bajo original. Un grupo del Movimiento Campesino de Santiago del Estero trata de pararlo. La frontera agrícola es un pedazo de árido suelo bajo un inclemente sol.
Juan Carlos Soroka dejó de criar tabaco poco después que su segunda hija naciera con una malformación. Talía tenía transposición de los grandes vasos sanguíneos, un defecto congénito del corazón. La familia dejó su granja para vivir más cerca del pueblo de San Vicente, en el centro de la provincia de Misiones. La casa es una pequeña granja con plántulas, donde crece lechuga sin la necesidad de insecticidas o herbicidas, y sin agroquímicos. Allí, Talía empezó a caminar 12 años después de nacida, y luego de varias operaciones.
“En esta área de cinco kilómetros cuadrados, hay más de 10 casos, que nosotros sepamos. Hay algunos padres que esconden a sus hijos, no los mandan a la escuela”, dice Soroka. Su esposa, Anita, 38, asegura que en la mayoría de los padres de su edad de su círculo de amistades, “casi todos tienen un niño discapacitado”.
“¿Cómo puede ser esto? Vivimos en el medio del bosque. ¿Por qué las compañías que fabrican estos químicos no hacen nada? Sólo dicen que no son tóxicos. Por supuesto que no tienen hijos con problemas. Gracias a Dios nuestra hija está con nosotros. Hay muchos niños que mueren y nadie dice nada. No dieron explicaciones. ¿Por qué nos envenenan? Las compañias tabacaleras vienen y te dan semillas, el veneno, y nunca nos dijeron que esto podría pasar. Si quieren alimentarse de comida hecha con pesticidas, es su problema, pero los animales no son tontos. No comen lo que los mata, pero aparentemente, la gente sí lo hace. Digo que el mundo necesita comer, no ser envenenado.”
San Vicente es parte de lo que Sergio Páez llama el triángulo del tabaco, un área de producción de esta cosecha en la cual también crece soya. Un profesor de geografía, su tesis es sobre la percepción del uso de agroquímicos de parte de los colonos – como se les llama a los que viven en los campos- quienes, en general, son de descendencia alemana. “Viven una triste realidad”, dice, mientras los describe como “esclavos de su actividad”. Se estima que en Misiones hay 12.000 pequeños productores y que 67.000 están expuestos a agroquímicos. Páez condujo un trabajo de campo en el cual entrevistó a 300 familias del área. “Conocí a niños que no podían caminar, trabajadores con la piel irritada, sus manos y pies destruidos… Muchos de los venenos que usan para su actividad están prohibidos en Europa o USA, pero son usados en Argentina y Brasil”.
“La lógica de la producción de tabaco puede ser descrita como pre- capitalista, el libre mercado no funciona”, explica Páez. Los colonos reciben las semillas y los agroquímicos de parte de las cooperativas. El costo de esto es descontado luego de la venta de las cosechas. El precio será fijado durante la cosecha, y muchos de ellos se quejan después que, cuando venden las hojas, bajan el precio debido a la calidad. “Es un sistema perverso, siguen criando para ser capaces de acceder al servicio de salud social que necesitan debido a que tienen problemas causados por los productos que usan. Las cooperativas se defienden diciendo que los materiales brutos son mal usados por los agricultores. Proveen trajes especiales para el manejo de agroquímicos y bodegas especiales para almacenarlos- luego cobran por ello-, pero la mayoría de los agricultores no pueden usarlos porque las temperaturas locales llegan a más de 40 grados Celsius.” A pesar de numerosos intentos, las cooperativas de tabaco no responden a estas críticas para su investigación.
“El tabaco es un producto muy mal pagado, comparado al precio de los cigarrillos, pero eventualmente genera ganancias. Este año, 12.000 plantas pueden proveer alrededor de 18.000 pesos neto (alrededor de USD $3,000) si crece bien, pero eso no está ocurriendo. He dejado de criarlo, pero volví por su problema. Mi plan es comprar un auto para que nos ayude a movernos.” ‘Con “su problema” se refiere a Agustín, quien nació hace 5 años con parálisis cerebral, y es el segundo hijo de Víctor y Celeste Maidana. Celeste posee una gran sonrisa y una triste mirada. Su brazo izquierdo está casi siempre rodeando a Agustín y lo acarrea con firmeza contra su cuerpo para caminar los casi dos kilómetros que separan su casa del camino de tierra… un camino que cruza su jardín de rosas florecidas.
“Algunas veces me muevo sin él, y me siento como si algo faltara”, dice. Los Maidanas viven en una casa de madera en las afueras de Pueblo Illia, con una población de apenas 300, la cual se accede via un interminable camino de tierra de más de 50 kilómtros de longitud. Una biblioteca y una escuela son las referencias para entender que has llegado al pueblo, el cual termina dos cuadras más allá. Ahí, tuvieron que abrir un “aula especial” debido al gran número de niños discapacitados que viven entre la escasa población del área. Katerine Barbosa es la profesora del grupo, el cual el año pasado comprendía 36 estudiantes. De la escuela a su casa y vice versa, ella tiene que “hacer dedo.” Algunas veces, es un viaje redondo de tres horas y media. Ya que está asignada a otro colegio de pueblo, recibe 3,000 pesos (alrededor de USD $500), sin el reconocimiento de su posición como profesora rural.
Hace dos años, ella y un grupo de apoderados pidió al gobierno que abriera una escuela que sea capaz de satisfacer las demandas de todos los niños. También piensa que hay muchos casos, y que la exposición a tantos agroquímicos, más la malnutrición materna, pueden ser las causas de tantos casos de malformaciones congénitas y discapacidades mentales. En lo que respecta a la escuela, no han recibido respuesta.
Candi no conoce a Celeste, pero usa el mismo método para acarrear a su hijo, Fabián, 6, quien no puede caminar. Su diagnóstico al nacer fue de macrocefalia, y a pesar de la válvula que tiene en la cabeza para prevenirlo, no para de crecer. Fabián es el segundo de cinco hijos que cría en una casa de madera sin vidrios en las ventanas. Las persianas son útiles para aislar la luz y el calor de Misiones.
Candi es el sobrenombre de Cándida Rodríguez, 26, quien recuerda los primeros días de Fabián con desesperación. “No tenía ayuda. Estaba sola, hambrienta, con frío en el hospital. No entendía nada. Quería correr y cuidar de mi bebé”. Ella también dice que cuando estaba embarazada, su esposo trabajaba en la plantación de tabaco. “El veneno era fuerte. Lo ayudé. Algunos doctores te dicen que está relacionado, otros dicen que no lo saben. No sé si fueron los agroquímicos. Al final, te quedas con la duda. Lo que sí sé es que el humo o el aroma del veneno lo hace enfermar. Ni siquiera lo puede oler.”
La casa de Candi se erige en el kilómetro 1.008 de la Vía Nacional 14 que lleva a la frontera con Brasil. En menos de 8 kilómetros, hay cuatro niños con problemas en las pocas casas que hay a orillas del camino. Algunos kilómetros más allá, viven los Kosinskis. Silvia y Juan son dos de los tres hijos de Haydée y José. Ambos tienen silla de ruedas. Antes, vivieron en el campo, pero la vida era difícil. Algunas veces, cuando llovía, debían sacarlos en un carro tirado por bueyes. Silvia tiene 24, y quería estudiar. Por esa razón, se mudaron cerca del camino. Finalmente, se graduó de secretaria. Hizo su pasantía al frente de su casa, en una planta de almacenamiento de agroquímicos, pero no quiso un trabajo permanente ahí. Tiene sospechas, y a veces piensa que el no ser capaz de caminar tiene relación a estar expuesto a químicos. Postuló a un trabajo en Acción Social de San Vicente, pero le dijeron que si le daban el trabajo, perdería la pensión de invalidez que recibía. “Nos dicen que debemos integrarnos con otros, pero al final, ellos nunca nos integran”, se queja.
San Vicente, en el centro de la provincia de Misiones, es una de las puntas del triángulo del tabaco, explica el Profesor Páez. Es uno de los puntos donde se registran más casos, y se avanza en una demanda en las Cortes de los Estados Unidos, regida por dos oficiales legales que no dejan hablar a las supuestas víctimas. El miedo funciona como un elemento de silenciamiento. Un contrato, no firmado por los abogados, y una serie de sólo 17 items, estipula que, en caso de ganar la demanda, se quedarán con el 45% de las ganancias obtenidas, más otros desembolsos administrativos. La demanda comenzó hace dos años. Las llamadas de los abogados y el miedo a hablar y perder el servicio de salud social como parte del castigo nublan la atmósfera de este pueblo, el cual es aparentemente callado.
Allí, en una casa con un jardín tropical, Roberto Da Silva atiende a sus pacientes. Es un terapeuta físico que compromete sus miércoles a ayudar a niños con daños neuronales congénitos. Ese día, la sala de espera está llena de sonrisas, y cada paso es un logro. Da Silva afirma que el número de casos de menores con malformaciones es “anormal” en el área de San Vicente. Luego de tratar a tantos de estos pacientes, ha desarrollado un método basado en la estimulación del cuerpo, empezando por la cabeza. Talía Soroka es ejemplo de que el método funciona. El abrazo que le da al Dr Da Silva cuando lo ve, lo confirma.
Los Texeiras viven en otra esquina del triángulo de producción de tabaco, en Colonia Alicia Baja, al noreste de Argentina, donde curva el Río Uruguay. Desde la casa de madera hay una vista del río y plantaciones de tabaco y soya que se han ido expandiendo en el rojo suelo del área, donde había bosque, ahora ya casi desaparecido.
Rosana Texeira caminó casi una hora por el estrecho camino de tierra que la lleva a su casa. Algunos días atrás, se le acabó la crema para Lucas, y fue a pedirle más al alcalde. Lucas es su hijo menor. Tiene un año y 10 meses, y no puede ser expuesto a la luz natural, mucho menos a este nivel de luz natural, la cual llega a 36 grados en el mediodía. Lucas sufre de ictiosis severa, lo que se le conoce como “enfermedad de piel de cocodrilo”. De hecho, es un bebé gracioso, que gusta refrescarse en el agua que corre en el patio de atrás de la casa, y llora cuando se le dice que necesita un baño. La piel de Lucas está bajo un acelerado proceso; se descama fácilmente, la piel de sus pies se quiebra y se lastima aún más rápido, y sus párpados se llenan de costras por dentro. Parece ser que Lucas llora sangre. Pero esto ocurre en sus peores crisis. Esta tarde está sentado con su crema recién abierta, y se la esparce por su piel, en un juego que lo alivia. Sentado en una silla de plástico, toma tereré, una infusión fría de yerba mate, una cosecha tradicional de la región. Tiene puesto un nuevo pañal y come el arroz que Gabriel, uno de sus hermanos, le da de comer.
“Los doctores dicen que es un caso extraño. Un día, vinieron y nos dijeron que tenía que ver con tanto agroquímico presente en el ambiente. Pero nadie pudo confirmarlo al final. Dejé de criar tabaco a raíz de tanto veneno,” dice Arnoldo Texeira, el padre de Lucas. Sospecha que es el caso… así como también Pedro Mores, cerca de la cama de su recién nacido, Gonzalo, mientras espera, deseando que el diagnóstico de la muerte inminente de su hijo no sea cierto.
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Texto: Silvina Heguy
Traducción: Ignacia Guzmán Zuloaga
Fotos: Alvaro Ybarra Zavala
Fuente: Gettyimages