Semillas de Agua desde los estudios de la resistencia
A los casos de la radio comunitaria “La Victoria” de la capital y la emisora La Voz de Carahue en la Región de la Araucanía ambos ocurridos en enero, se suma ahora un nuevo caso de persecución. Esta vez la radio La Voz de Nueva Braunau de Puerto Varas en la Región de Los Lagos fue allanada, requisados sus equipos y 4 comunicadores mapuche huilliche fueron detenidos y liberados posteriormente, pero serán formalizados por infracción al artículo 36 b de la Ley General de Telecomunicaciones que penaliza la radiodifusión sin licencia.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, advierte que, según el derecho internacional, consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica, ningún estado puede castigar un acto de libertad de expresión con derecho penal. Por lo tanto, la legislación chilena está reñida con estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Pese a que la derogación del artículo 36b, letra a, está en trámite final en el Congreso para su eliminación, este tipo de acciones no contribuyen al desarrollo del sector social de las comunicaciones, que aún espera la plena ejecución de ley de radios comunitarias promulgada en 2010 y aboga por un debate más amplio sobre el sistema de medios y una nueva ley de comunicación.
Peor se da en estos casos, cuando dos de ellos corresponden a radios comunitarias de carácter indígena que hacen uso de su derecho humano a comunicar y tener sus propios medios, como lo establece el convenio 169 de la OIT. A su vez, el Estado chileno se comprometió en 2013, a raíz del caso de persecución penal a la radio Kimche Mapu, a fomentar la radio indígena a través de la entrega de licencias y recursos para su desarrollo. Lejos de ello, se desconocen avances en este sentido, en orden a promover la comunicación indígena en el país y garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios.
Fuente: Amarc