Semillas de Agua desde los estudios de la resistencia
En audiencia con la embajadora de Canadá, una delegación de organizaciones socioambientales le entregó un informe que se encuentra actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se incluyen los impactos de 20 empresas mineras canadienses en América Latina, configurando patrones de conducta alarmantes, ante los cuales el Estado no solo ha callado sino que ha diseñado políticas para protegerlos.De Chile, se consideró el caso Pascua Lama de Barrick Gold.
Una delegación integrada por representantes del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, el abogado Alvaro Toro, la Comunidad Diaguita Patay Co y la Asamblea por el Agua del Guascoalto, ambas del Valle del Huasco, sostuvo en la tarde del jueves 24 de julio una audiencia con la embajadora de Canadá, Patricia Fuller, para entregar formalmente un documento elaborado por el “Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina”, al que contribuyeron más de 30 organizaciones y que sistematiza el modo de operar de la megaminería canadiense en América Latina, desde la mirada de los afectados, dando cuenta de patrones de comportamiento avalados por el Estado y que conducen irreversiblemente a la violación de los derechos humanos de las y los habitantes de los territorios en que se desarrollan los proyectos.
El informe es parte de la documentación que sostiene una acción jurídica inédita presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se articulan 22 casos de 9 países de América Latina, que recurren de manera concertada al sistema interamericano exponiendo el rol del Estado de Canadá, luego de constatar que las denuncias aisladas no han dado resultado y que los patrones de violación de derecho de las mineras canadienses en sus territorios no solo son comunes, sino que cuentan con el aval del estado del norte.
Entre el 50% y el 70% de la minería en la América Latina es de origen canadiense y según OCMAL hay cerca de 200 conflictos mineros en la región. De hecho, según cifras de 2012, un 57% de las empresas mineras a nivel global estaban registradas en la Bolsa de Toronto, por las múltiples garantías y facilidades que encuentran en este país para llevar a cabo sus negocios extractivos. En los países incluidos en el informe hay presencia de 511 empresas mineras canadienses y de 1.429 proyectos extractivos.
Pascua Lama, el caso chileno incorporado en el informe, da cuenta de las políticas de engaño de la transnacional canadiense, de la devastación de las fuentes hídricas, la promoción de la corrupción, la presión ilegítima sobre las comunidades, y la imposición de destino minero en un Valle de clara vocación agrícola.
A la salida de la audiencia, Sebastián Cruz, representante de la Comunidad Diaguita Patay Co, consideró provechosa y necesaria la cita, sobre todo porque dio nuevas luces sobre el reciente acuerdo firmado por un sector minoritario de dirigentes diaguitas con Barrick Gold, contraviniendo la convicción indígena local de que el Valle no se vende. “Nos enteramos que el 2013 con el apoyo de la embajada canadiense, y en compañía de la agregada comercial… ¡ni siquiera cultural!, se realizaron una serie de encuentros entre dirigentes indígenas de Canadá con un sector de comunidades diaguitas de nuestro Valle, coincidentemente las mismas que luego firman de manera viciada y sin consultar a sus bases el memorándum de acuerdo con el que todas las demás fuerzas vivas del Valle hemos estado en desacuerdo y hemos venido demostrando lo corrupto que ha sido todo”. Cuando Sebastián preguntó por qué su comunidad y las demás comunidades indígenas que se oponen al proyecto no fueron convocadas, o al menos informadas, la embajadora indicó que los datos para invitar a las comunidades fueron obtenidos vía CONADI.
Por su parte, Lucio Cuenca, director de OLCA, señaló “no solo nos enteramos de que la embajada ha sido instruida para impulsar una iniciativa de “dialogo efectivo” entre pueblos indígenas de Canadá y Chile, sino que además la embajada se reúne una vez al mes con las Empresas mineras canadienses que operan en Chile. Cuestiones como éstas fortalecen nuestra convicción de que la embajada está teniendo un rol activo en el apoyo a sus empresas mineras y por lo tanto también tiene responsabilidad en los atropellos que cometen las empresas de origen canadiense fuera de su territorio, este es un aspecto central que plantea el informe, pidiendo a la CIDH que incorpore la responsabilidad extraterritorial de los estados en el análisis de cumplimiento de DDHH”.
*Conforman el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA– (Chile), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR– (Colombia), Fundación para el Debido Proceso –DPLF– (regional), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario -CEHPRODEC- (Honduras), Asamblea Nacional de Afectados Ambientales -ANAA- (México), Asociación Marianista de Acción Social (Perú) y Red Muqui (Perú).
Fuente: Comunicaciones OLCA